La diputada Carolina Viggiano Austria (PRI) afirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe ser más eficiente y eficaz, con verdaderas acciones que permitan erradicar la corrupción, ya que a la fecha no se han logrado las metas propuestas y, por el contrario, se observa que el fenómeno sigue presente y en aumento.

En un comunicado, informó que, en la comparecencia del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, en la Cámara de Diputados, externó la preocupación de las y los integrantes de la bancada del PRI que durante el primer trimestre del 2021 el Gobierno Federal haya otorgado 55 mil 691 contratos por asignación directa, por un monto de 74 mil 639 millones de pesos, pese a que nuestras leyes señalen que debe priorizarse la licitación pública para evitar la opacidad y la corrupción.

Aseguró que falta fortalecer los procesos de control en las contrataciones públicas y establecer mecanismos que permitan blindar el uso de la adjudicación directa, pues sólo con las licitaciones públicas se podrá garantizar imparcialidad y transparencia.

“Creemos fundamental que un organismo como la Función Pública debe actuar de una forma más eficiente y eficaz, con verdaderas acciones que permitan erradicar la corrupción, pero, sobre todo, sancionar a los funcionarios que incurren en ella”.

Por último, la legisladora aprovechó para reconocer que la Auditoría Superior de la Federación es una instancia que cumple con funciones para auditar el control de transparencia, siendo un órgano de excelencia en su rama que puede ser una guía y un aliado de la Función Pública.

En su oportunidad, el diputado priista Marco Antonio Mendoza Bustamante preguntó al funcionario compareciente cuál ha sido la estrategia del gobierno para consolidar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y cómo se ha trabajado para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, más allá del discurso y la descalificación.

Señaló que el tema del combate a la corrupción es utilizado por la presente administración como bandera para eliminar los fideicomisos, las reglas de operación y también para atacar y descalificar sin conocimiento de causa a la oposición.