Los organismos autónomos tienen el deber democrático de defender los derechos de las personas, en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el de la privacidad y el acceso a la información pública, cuya utilidad se refleja en diversos ámbitos como la legitimidad del gobierno y el combate a la corrupción, afirmó la Comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

“Los organismos constitucionales autónomos defienden a la ciudadanía de posibles abusos de autoridad o garantizan sus derechos fundamentales, como es el caso del INAI, esto, naturalmente, por incómodo que resulten al poder las decisiones que se adoptan”, enfatizó.

Al impartir una conferencia de clausura en el Diplomado en Análisis y Control de la Corrupción del Colegio de México, la comisionada presidenta del INAI indicó que actualmente existe una sociedad de la desconfianza, que además de hacer manifiesta sus inquietudes y recelos con la autoridad, también se organiza para construir mecanismos de control y vigilancia sobre el poder público.

“Hoy, luego de la ola de transiciones a la democracia sucedida a finales del siglo XX, la ciudadanía ya no se conforma con elegir a sus gobernantes, por lo que la legitimidad de las autoridades ya no descansa solo en resultar victoriosas en los comicios, sino que ahora se sustenta en los resultados de su gobierno, a esto le llamamos legitimidad de gestión”, refirió.

Ibarra Cadena expuso que esta reconceptualización del quehacer ciudadano permite explicar el florecimiento de las leyes de acceso a la información en todo el mundo, que no son una dadiva o regalo del gobierno, sino fruto de la presión de la exigencia ciudadana.

“El derecho de acceso a la información a través de sus tres vertientes: recibir, difundir e investigar constituye uno de los pilares de las sociedades democráticas y resulta indispensable para incidir en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas”, subrayó.

En este contexto, planteó que es el momento de que la sociedad en su conjunto reconozca la utilidad del derecho de acceso a la información en ámbitos prioritarios para México como frenar la corrupción que tanto lastima a la población.

“En México hoy tenemos un escenario complejo, pero también un escenario que presenta innovación institucional, que requiere que no bajemos la guardia, que requiere de la suma y la convergencia de esfuerzos entre las instituciones públicas, el sector privado, la academia y la sociedad civil, para idear alternativas que permitan mejorar las políticas de combate a la corrupción”, apuntó.

Ibarra Cadena refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “los costos de incurrir en actos de corrupción en el país se estiman en nueve mil 500 millones de pesos o bien cerca de 500 millones de dólares, y el 14.7 por ciento de la población que realizó trámites o bien tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción, mientras que el 86.3 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en el gobierno”.

Mencionó que, de acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción que elaboró Americas Society, México junto con Guatemala, Brasil y Argentina retrocedieron en esa medición respecto a 2019, y en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país ha tenido un avance precario, siendo el peor evaluado de entre los que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que explica que en 2021 más del 57 por ciento de la población haya considerado que la corrupción es el problema más importante solamente detrás de la inseguridad.

También recordó que, de acuerdo con el último informe sobre el combate a la corrupción en México, conocido como “Informe País 2020”, hay tres retos inmediatos a resolver en el combate a la corrupción: aumentar el grado de apertura de las autoridades, la calidad de la información pública y la gestión de archivos.

“El informe identificó discrepancias de información, por ejemplo, entre los datos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los datos publicados en los informes de las instituciones públicas, los portales especializados como Compranet o la Plataforma Digital Nacional, y los que se encuentran en los micrositios de los sujetos obligados; esta situación da muestra de que la calidad, seguridad y oportunidad de la información sigue siendo un desafío para la rendición de cuentas en México”, resaltó.

Al respecto, explicó que el INAI verifica los portales de transparencia para detectar el grado de cumplimiento de los sujetos obligados con las especificaciones establecidas en los lineamientos técnicos generales, los cuales prevén los atributos que deben observar los sujetos obligados para la atención de las obligaciones de transparencia.

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