La democracia es algo más que elecciones: es un estilo de vida como lo establece la Constitución. Esto significa que hay un conjunto de principios y valores que deben regir el debate público: el entendimiento de que la sociedad es plural y que en ésta conviven múltiples opiniones y preferencias, la necesidad de garantizar mecanismos de inclusión y, por supuesto, la obligación de tomar las decisiones más relevantes con amplios procedimientos deliberativos.

La deliberación pública busca construir consensos desde el intercambio robusto de argumentos con múltiples participantes. Por esta razón, a nivel nacional e internacional ha avanzado la agenda de apertura gubernamental, que nos enseña que la sociedad y la clase política deben tener mayores canales de comunicación. Esto fortalece la legitimidad en asuntos de alta trascendencia, como lo es la Ley de Educación del Estado de Puebla, que ha sido cuestionada por aspectos de origen: la forma en la que se debatió y se procesó.

En general, considero que los alcances de la Ley de Educación de nuestro estado son cuestionables porque no hay un entendimiento compartido sobre los alcances jurídicos de ésta. Por un lado, existen voces que argumentan violaciones a derechos humanos fundamentales, mientras que también hay participantes que sostienen la validez de distintas disposiciones.

Considero que un error fundamental en este debate ha sido el análisis basado en consideraciones estrictamente partidistas y, por lo tanto, electorales. Lo relevante debería ser que en el Congreso del Estado tuviéramos un espacio idóneo para atender las preocupaciones de la sociedad civil y definir si es necesaria la modificación de la nueva ley. Herramientas hay, como la iniciativa que presenté para lograr este objetivo.

Se venció el plazo legal para poder presentar una controversia constitucional. Desde mi punto de vista, este medio de control es útil, pero su construcción debe articular posicionamientos de una diversidad de legisladoras y legisladores. Lamento mucho que el intento de presentar este recurso haya replicado los mismos vicios criticados: en mi experiencia, me solicitaron la firma al cuarto para la hora límite. No hubo un esfuerzo colectivo, sino un intento político.

La Constitución escapa de coyunturas: su defensa debe partir de la aplicación de sus valores. Por eso creo que hay opiniones, como la de mi amigo Enrique Núñez, que deben ser más exhaustivas en su análisis. Aún hay caminos viables, como el de la reforma a la Ley: no vamos a quitar el dedo del renglón.

Al Congreso le conviene no tener partido, para que sus decisiones sean objetivas y democráticas. Muchos que siguen usando lentes con graduación del pasado, tienen que acostumbrarse a un Diputado Sin Partido.