Organizaciones civiles no gubernamentales expresaron su apoyo y solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial del Estado e hicieron el llamado al ejecutivo estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a que se dé un diálogo para dar una solución definitiva a las peticiones de los trabajadores, así como dejar las amenazas y el hostigamiento en contra del personal de dicha dependencia.

Asimismo, pidieron la intervención del Congreso del Estado y al pleno del Tribunal Superior de Justicia para que se respete a los colaboradores, pues reiteraron el decir de los colaboradores, de que hace falta personal para poder atender casos rezagados, así como seguridad y mayor apoyo a los que trabajan en oficina, ya que, laboran en condiciones infrahumanas.

Ante ello, sugirieron los trabajadores (a excepción de magistrados y jueces) un aumento salarial general. Se les vuelva a pagar el bono de compensación J5 que les fue retirado en forma inexplicable desde hace 20 años, adicional al salario que tienen asignado. Se paguen a los trabajadores de menor categoría un salario superior al salario mínimo,debido a que hasta ahora muchos de ellos tenían un ingreso inferior a dicho salario.

Se les asigne una carga de trabajo razonable, a fin de evitar el estrés laboral y el deterioro de la salud de muchos de ellos que tienen toda una vida trabajando para el Poder Judicial. Se les otorguen los servicios de Seguridad Social a través del ISSTEP sin que ellos deban pagar la cuota actual que se les descuenta para acceder al mismo y se deje denegar a quienes no pueden cubrirla dado el bajo ingreso que tienen. Así como que se les proporcionen los recursos materiales e insumos para el desempeño de sus labores para brindar un adecuado servicio a los justiciables y público en general y que las nuevas plazas que se creen con la Reforma Judicial, se asignen a personal competente y capacitado, brindando a quienes ya laboran en el Poder Judicial la oportunidad de concursar por las mismas y se eviten las prácticas del amiguismo e influyentismo para beneficiar a recomendados, que carecen de la experiencia y formación en la carrera judicial.

Foto: Es Imagen / Daniela Portillo