Desde hace varias semanas, Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra de la suprema corte de justicia de la nación Yasmín Esquivel, pudo haber incurrido en plagio al momento de realizar su tesis profesional para obtener el título de abogada en la UNAM.

A partir de ese momento, se presionó fuertemente en redes sociales para que se aclarara el asunto que, de haber sido cierto, debería obligar a la ministra a renunciar al cargo que hoy por hoy ostenta.

La ministra en su defensa incurrió en una serie de contradicciones que lejos de acercarla a que la gente le creyera, la orillaba más a la realidad de que en efecto, había plagiado la tesis.

Hubo tres instituciones que se vieron afectadas desde el principio en su credibilidad: la UNAM, la SEP y por supuesto, la suprema corte de justicia de la nación.

La primera se manifestó, después de que pasaron muchos días, en el sentido de que efectivamente la ministra había incurrido en plagio, pero desafortunadamente no se pronunció si iba a proceder, por ejemplo, a retirarle el título universitario, por lo que el caso sigue siendo analizado por el rector, los consejeros universitarios y las áreas jurídicas correspondientes, porque el caso parece que impacta a más de 50 personas que podrían haber incurrido en el mismo delito.

La segunda y la tercera jamás dijeron nada, por lo que el caso sigue abierto ante la opinión pública, que, aunque ya juzgó, no puede hacer nada más que seguir presionando para que el caso se resuelva con la salida de la corte la señora Esquivel.

A este tema deberíamos sumarle que el presidente López Obrador ha salido en la defensa de la ministra restándole importancia al hecho y culpando, como siempre, a intereses distintos a los suyos.

Pues si las cosas estaban enredadas, todavía se suman nuevos elementos al caso que hacen notar claramente la irresponsabilidad con la que se manejan los diputados de esa mayoría indolente que tanto daño le está haciendo a nuestro marco jurídico y a la vida política e institucional.

Porque no, a un diputado de morena se le ocurrió presentar una iniciativa de reforma a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, para dicen, castigar el plagio académico al ser causal de anulación del registro del título profesional, incorporando el derecho de audiencia.
Desafortunadamente en otra parte de la reforma propone la prescripción del delito de plagio, es decir, pasados cinco años a partir de la obtención de la cédula profesional, ya no se puede considerar plagio, porque nadie se pudo dar cuenta.

Esto habla de la estulticia con la que los de morena quieren legislar para un caso concreto que lejos de ayudar a la transparencia y la honestidad, abona a que los estudiantes se desmotiven a estudiar o se motiven a plagiar esperando que nadie se dé cuenta en los siguientes cinco años, porque así, quedará limpio su expediente.

Vaya irresponsabilidad. Lo dicho, no son iguales son peores.