La contención de la crisis sanitaria ha llevado a la desatención u omisión de derechos fundamentales, lo que puede tener consecuencias de alto impacto generacional.

El nuevo coronavirus develó con toda su crudeza problemas que ya existían. Desde 2012, la ONU advertía que la pobreza es una condición que conduce a múltiples violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la formación escolar. La educación no es un derecho cualquiera; sin él, es casi imposible acceder al resto de los derechos de manera cabal.

La suspensión de las clases presenciales ha supuesto un alto nivel de incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos formativos. “La brecha digital impide que miles de estudiantes tengan educación en línea. Además, la educación en casa es, en sí misma, desigual”, reflexionó Luis Arriaga Valenzuela, SJ, durante su participación en charla con la Ibero Puebla.

El rector del ITESO reconoció los retos mayúsculos que enfrenta la educación de nivel básico. Mientras que el sector privado lucha por la subsistencia económica a través de la apertura prematura, las escuelas públicas no han recibido el apoyo necesario por parte del Estado. Además, las madres y padres de familia han tenido que armonizar sus obligaciones laborales con el acompañamiento educacional de sus hijos.

De acuerdo con el INEGI, en México solo el 44% de los hogares cuenta con computadoras y 56.4% tienen internet doméstico. Esto puede derivar en el abandono masivo de la escuela por parte de seis millones de jóvenes. Naciones Unidas advierte que la deserción escolar en el mundo alcanzará las dimensiones de una catástrofe generacional, lo que podría significar décadas de rezago educativo y la ampliación de las brechas de desigualdad.

Desde su nacimiento, la ONU ha emitido múltiples declaraciones y protocolos sobre la importancia de la experiencia educativa bajo el entendido de que todas las personas tienen derecho a una educación que esté orientada a diferentes fines de desarrollo. Así lo recordó la Mtra. Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ.

En el contexto pandémico, los Estados están obligados a garantizar la asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la educación. Además, deben tomarse en cuenta los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes dentro de las restricciones derivadas de la pandemia.

De manera constitucional, el Consejo de Salubridad General (CSG) está encargado de establecer las reglas vinculantes cuando se presentan casos extraordinarios de salud. En este escenario, el artículo 73° establece que el CSG pueden dictar medidas para mitigar los efectos de la pandemia, mismas que deben ser armónicas con otras autoridades para garantizar otros derechos; en este caso, el acceso a la educación.

En la priorización de la protección de la salud pública ha faltado una serie de mecanismos que permitan la conciliación entre garantías fundamentales. Como explicó Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, coordinador de la carrera de Derecho del ITESO: “tenemos que ir pensando en pautas reales en las que se pueda salvaguardar la integridad física de alumnas y alumnos para integrarse paulatinamente a la educación”.

El interés superior de los menores es un derecho irreductible. Ante las omisiones parciales del Estado, continuó el jurista, debe enfatizarse el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, pues, de otro modo, se propician situaciones como ciberacoso, bullying, deserción escolar y violencia familiar, entre otros.

Salud, pero también educación

Ante la tensión entre la salvaguarda del derecho a la salud y la supresión de otras garantías, es necesario un enfoque diferencial. Sostuvo Luis Arriaga: “no hay que soslayar las desigualdades y diferencias. Si bien nadie es inmune, los efectos de la pandemia se viven más álgidamente desde ciertos lugares sociales”.

Desde el ámbito universitario jesuita existe una obligación para atender esta realidad, por lo que en diciembre pasado diversas instituciones del sistema, incluida la Ibero Puebla, firmaron el Pacto Educativo Global propuesto por el papa Francisco para impulsar acciones para garantizar el derecho a la educación.

Nuño Ruiz Velasco se refirió a otras instancias que han emitido recomendaciones importantes. El Comité de Derechos del Niño ha exhortado a plantear estrategias a mediano y largo plazo con un enfoque de derechos humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado a asegurar los presupuestos e infraestructura digital para el sector educativo.

Mientras la relatoría de la ONU ha emitido recomendaciones específicas para niñas y niños marginados, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH han coincidido en que el acceso a la educación es un soporte necesario para el desarrollo personal y social; si se suprime, se priva a las juventudes de procesos de aprendizaje y socialización.

Las políticas públicas y las acciones gubernamentales están llamadas a solventar todos los derechos, pues las acciones parciales generan discriminaciones y violaciones a los derechos irreductibles. Por lo tanto, cerró Del Rosario Rodríguez, las sentencias de los tribunales deben exigir a las autoridades federales y locales la toma de decisiones que prioricen el acceso a la educación.