La contrarreforma energética que propone el gobierno decepciona al más nacionalista. Se puede amar a la patria y tener un deseo legítimo de más justicia y menos desigualdad social. Lo que resulta inadmisible es poner en riesgo el futuro y la viabilidad del país por pretender rescatar una supuesta soberanía.
Ya se discutió ampliamente lo que le ocurrirá a México si se aprueba la contrarreforma de López Obrador, Manuel Bartlett y Rocío Nahle. Entre las consecuencias más importantes están:
Pérdida de confianza en las instituciones públicas por ausencia de un Estado de Derecho, lo que ocasiona incertidumbre jurídica de las inversiones.
Demandas en tribunales nacionales y extranjeros por incumplimiento de contratos y cambios arbitrarios en el marco jurídico.
Nacionalización de toda la infraestructura privada que genera electricidad, desde las grandes plantas hasta las pequeñas instalaciones domésticas y sin mediar indemnizaciones (como en Cuba a finales de los 50s).
Caída de la inversión privada, nacional y extranjera.
Incremento del costo de generación de la energía eléctrica, lo que ocasionará aumentos en el recibo de luz o mayores subsidios.
Más contaminación ocasionada por la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles.
En suma, con esta reforma nos esperan años de más precariedad económica, pobreza creciente, incertidumbre, conflictos legales, desprestigio internacional, apagones y más contaminación.
Los argumentos presentados por los promotores de la contrarreforma se sustentan en datos falsos o interpretaciones equivocadas. Aquí algunos ejemplos que explican la realidad sobre los “argumentos” del gobierno:
Nos dicen que la contrarreforma busca evitar que México siga el camino de España en materia de electricidad. El modelo del sistema eléctrico español dista mucho del mexicano, principalmente porque en Europa la generación de energía se hace con gas natural. El frío del invierno ocasiona un incremento en el consumo de gas, lo que repercute en un aumento en los precios de la energía eléctrica al incrementarse los costos de su principal insumo. Esta es la razón por la cual en el viejo continente se impulsa una reconversión en su sistema de generación a fuentes de energías renovables.
También nos dicen que las empresas grandes que generan parte de la energía que consumen pagan muy poco. La realidad es que tienen costos más bajos y por lo tanto son más eficientes que la CFE. A diferencia de la opinión de los citados funcionarios, esas empresas al igual que miles de hogares, contribuyen al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y logran que el país genere una mayor proporción de energías limpias.
Los argumentos del oficialismo se fundamentan en la envidia que les corroe las entrañas. Les molesta, por ejemplo, que quienes más tienen paguen menos por kilowatt consumido. Esa afirmación es falsa, primero porque el costo por kilowatt que pagan es mayor al pagado por el promedio de hogares en el país, y segundo, se les “olvida” que los empresarios invirtieron en tecnología para generar su propia energía de fuentes renovables la cual es más barata, algo que es totalmente legal y absolutamente moral.
La envidia quizá provenga de saber el monto del negocio que hacen las empresas que participan en la generación de energía eléctrica. A quienes se consideran representantes legítimos de los pobres les incomoda que existan empresarios exitosos que haciendo el bien ganen utilidades. La envidia nunca es buena consejera y tampoco una motivación positiva para el desarrollo económico y social. A nuestros gobernantes le interesa que todos estemos jodidos excepto ellos y sus aliados. La moral del régimen estima que la riqueza solo es legítima si quien la ostenta es funcional a la cuarta transformación.
Si el interés del gobierno del presidente López Obrador fuese realmente el bienestar de los mexicanos y pusiera por delante el interés de los pobres, su reforma se habría presentado en otros términos. Por ejemplo, habrían podido repartir parte del negocio de la generación de energías limpias entre los segmentos menos favorecidos. Hay regiones en el país que lo único que tienen es sol o viento y pobreza ¿Por qué no crear los instrumentos para que municipios marginados o sociedades de producción social en zonas rurales o suburbanas puedan instalar plantas generadoras de energía eléctrica? ¿Por qué no limitar el volumen de generación a los grandes empresarios y transferir parte de la cuota al sector social? Si este gobierno ha puesto énfasis en la recaudación, tiene recursos para financiar la entrada de los pobres al negocio de la energía. Pero no, eso no es lo que les interesa.
La única explicación posible ante tan irracional propuesta es el contubernio entre los altos niveles del gobierno mexicano y la industria de los combustibles fósiles. Parecería que dicha industria necesita gobiernos que estén dispuestos a quemar los residuos de su producción y al hacerlo generar algún dividendo. No es de extrañar que nuestro país sea de los pocos que invierte en nuevas refinerías cuando el mundo se encamina hacia la eliminación de los motores a gasolina, otro absurdo histórico.
Ningún país es soberano si carece de energía para impulsar su desarrollo. Y lo que es aún más importante, ninguna nación tiene futuro si no reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero. El presidente de la República con su criterio obtuso y anacrónico, considera que la política ambiental se reduce a un programa clientelar que incentiva la tala de árboles al pagar por la siembra de nuevos. Ni cómo ayudarlo. Solo el pueblo consciente podrá salvarse a sí mismo.