Muchos amigos y familiares me preguntan si deben votar o no en la consulta de revocación de mandato del 10 de abril. Las dudas son comprensibles. Se presenta la oportunidad de sacar a un mal gobernante mediante un procedimiento democrático, civilizado y legal, esa es la oferta que parece muy atractiva. Las clases medias urbanas se sienten timadas y acechadas por un presidente que además de incumplir con su palabra en prácticamente todo lo que ofreció como candidato, no tiene el menor reparo en tomar decisiones contrarias a la razón y al interés del país.

Hagamos un poco de historia. En los países donde se ha ensayado este tipo de elecciones los gobiernos que las promovieron son similares al nuestro: gobiernos de corte populista que llegaron al poder con un discurso disruptivo que destruyó la legitimidad del sistema político imperante. Los casos de Ecuador con Rafael Correa, Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Bolivia con Evo Morales, Nicaragua con Daniel Ortega son ejemplos de estas elecciones que sirvieron para extender los mandatos de esos gobernantes.

El actual gobierno mexicano promovió la reforma constitucional para introducir la figura de revocación de mandato. Es la misma receta que se aplicó en los países antes citados. Aquí se le impusieron candados con la finalidad de que el proceso revocatorio estuviese sustentado por una movilización ciudadana capaz de recabar millones de firmas, el equivalente al 3 por ciento de la lista nominal de electores. Esas firmas las recabó MORENA y las estructuras para-formales del gobierno federal, no un movimiento social legítimo y opositor a López Obrador.

El régimen calculó que la zanahoria sería tan atractiva que los opositores se lanzarían a promover el voto en contra del presidente de la República. Todo lo contrario. Salvo por algunos ingenuos o por otros supuestos opositores pagados por el mismo gobierno, nadie se ha ocupado de promover el voto en contra. Sin resistencia no hay fortaleza. López Obrador necesita de una oposición actuante para que su proyección social de héroe en batalla crezca y se fortalezca. Al no contar con opositores formales el líder populista se enreda en sus rabietas. Eso provocó que mandaran a cambiar la ley para permitir que los funcionarios pudiesen hacer campaña y promover el voto, el tribunal electoral se los impidió.

En este contexto es claro que la autollamada 4ª transformación no pretende dejar el poder o siquiera corregir el rumbo. La consulta de revocación de mandato le va a servir para varias cosas. Usted valore apreciado lector, lectora, y decida si quiere abonar a esos objetivos.

Medir sus fuerzas

En este proceso se van a probar las estructuras del oficialismo. Recordemos que en 2018 votaron 30 millones por Andrés Manuel López Obrador, en 2021 MORENA obtuvo 16 millones y en ese mismo año solo votaron un poco más de 6 millones en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Ahora toca ver cuántos votos pueden movilizar en esta elección donde supuestamente está en juego la continuidad del líder supremo.

El 11 de abril los titulares de la prensa dirán que AMLO se queda por amplia mayoría. Los analistas políticos veremos cuántos votaron en esa elección y podremos evaluar la fortaleza del régimen a 2 años de las elecciones presidenciales. Si consiguen 20 millones o más, las estructuras electorales del gobierno mostrarán que están listas para ganar en 2024. Si solo son 15 millones podremos decir que MORENA conserva una base considerable de votos pero que es vulnerable. Si son menos de 10 millones se prenderán las alertas entre las filas oficiales.

Otra cuestión que va a ser muy interesante de observar son los métodos que van a utilizar para movilizar votantes. Recordemos que el PRI era campeón en el acarreo: juntaban a los ciudadanos en la casa de un vecino, esperaban al microbús que los llevaba a la casilla y en el camino se les entregaba una gratificación. Si algo despierta un interés casi morboso es ver si MORENA también copiará esas viejas prácticas priístas.

Debilitar al INE

Todos estos meses han servido para poner contra las cuerdas al organismo electoral. No le dieron presupuesto para organizar la consulta de revocación de mandato pero sí le exigen que cumpla con esa obligación. Le culpan por el desinterés del público en la consulta ya que, dicen, no ha promovido la participación ciudadana. Le reclaman al árbitro electoral por aplicar la ley en contra del oficialismo, les molesta que el INE les prohíba la utilización de acciones de gobierno para promover el voto a favor de la continuidad del presidente. Todos esos reclamos sirven de preámbulo para justificar una reforma electoral y para calentar el ambiente del cambio de consejeros que habrá de ocurrir en 2023.

Es un hecho que este árbitro electoral le incomoda al régimen y también le molestan las reglas que antes le sirvieron para ganar el poder. Una amplia votación en la consulta de abril contribuirá a fortalecer la posición del oficialismo a la hora de negociar su reforma electoral y el nombre de los nuevos consejeros.

Revitalizar la legitimidad del poder
Si la participación en la consulta es cuantiosa, digamos de unos 35 millones de ciudadanos, el presidente podrá decir que ganó una elección y que su mandato ha sido refrendado en las urnas. Lo va a decir de todas maneras pero la lectura será distinta si la participación total es de solo 10 ó 15 millones. Este presidente es capaz de muchas cosas, incluso de reclamar una extensión de mandato a partir del resultado de esta consulta revocatoria. Sabemos que eso no tendrá un sustento constitucional pero es capaz de torcer la ley en nombre de su concepto de justicia, y el éxito de su intentona dependerá de la participación en la consulta del 10 de abril.

Victimizarse en caso de perder

Supongamos que algo muy extraño ocurre y López Obrador pierde la revocación de mandato. Lo más probable es que no se alcancen los 37 millones de votos para que proceda la remoción automática del cargo. Sea cual sea la votación total, el presidente y todo el oficialismo se lanzarían a desestabilizar el orden público, exigir la anulación de la consulta, la destitución de los integrantes del Consejo General del INE e incluso la imposición de un régimen de excepción en el que se restringen las garantías constitucionales, esto último con el apoyo del ejército.

En mi opinión no hay que participar en la consulta revocatoria porque no ofrece ninguna ventaja para los ciudadanos inconformes con este gobierno. Lo mejor que podemos hacer es convertirnos en observadores acuciosos, prepararnos para defender la autonomía del INE y organizarnos para participar en forma masiva en las elecciones constitucionales que vienen.

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