Algo raro ocurrió en el ayuntamiento de Puebla, que han pasado hasta este lunes, 92 días desde que tomaron posesión las nuevas autoridades y el dictamen entrega recepción, no ha sido terminado o aprobado en el cabildo.

Inclusive se sabe que aún está siendo analizado por las distintas comisiones.

Pero a diferencia de las autoridades municipales capitalinas, la gran mayoría de los distintos ayuntamientos han cumplido en tiempo y forma.

Por ejemplo, en San Andrés Cholula, su dictamen ya descubrió un presunto daño patrimonial cercano a los 100 millones de pesos en la administración de Leoncio Paisano.

También el ayuntamiento de Coronango, encontró además de pomos vacíos, un presunto daño patrimonial superior a los 143 millones de pesos en el último año de la priista Hermelinda Macoto.

Pero en Puebla, no ha salido nada de nada.

La ley marca que los ayuntamientos deben presentar el dictamen entrega recepción en los primeros 90 días naturales o tres meses de gestión, para iniciar procedimientos.

Solo la regidora Rosa Márquez, este lunes en cabildo hizo alusión a los estados financieros y actividades en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, donde se observan inconsistencias en diversas cuentas.

Incluso, dijo, no se adjuntan las tarjetas correspondientes con el detalle explicativo necesario del manejo del dinero en tiempos de Banck Serrato.

Se sabe que en la sesión de cabildo realizada este lunes en Palacio Municipal, iba a ser aprobada o desechado el dictamen, pero nada paso, se bajó el tema.

Así todo sigue en suspenso, para saber en qué condiciones -al menos oficialmente- el ahora expresidente Luis Banck Serrato y su administración entregaron el ayuntamiento y sus arcas.

El retraso deja muchas dudas, pero hay que dar tiempo al tiempo.

Los cambios en CDH

Entre todo el maremágnum que desató la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y de su esposo el senador Rafael Moren Valle, algunas cuestiones han pasado desapercibidas.

Tal es el caso de la próxima elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, luego de que su titular, Adolfo López Badillo, terminará su cuestionada gestión en poco más de seis meses.

Será exactamente el 29 de julio próximo, cuando deje el cargo, para que el Congreso del estado, designe a su sucesor.

O sea que una vez que concluya la elección interna a gobernador de Puebla, -que se contempla se realice el 2 de junio-, el electo tendría mano para designar al próximo presidente de la CDH, claro, con la aprobación del poder legislativo.

Está de más decirles que la gestión del señor López, ha sido una de las peores y más criticadas de la historia del organismo, con los peores números en resolutivos a favor de los derechos humanos.

Desde el primer día que estuvo en el cargo se criticó siempre estar a favor de los poderosos, en este caso del morenovallismo.

Incluso, se amplió su periodo en medio de las criticas hasta julio de 2019.

En la gestión del señor López, se han emitido 183 recomendaciones a autoridades por violaciones de derechos humanos.

Parecieran muchas, pero no. Haciendo un análisis, apenas una cuarta parte o 49 fueron contra autoridades estatales y el resto contra ayuntamientos.

El número de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos desde la llegada de López Badillo fue bajando paulatinamente.

En 2016 tuvo su cifra más baja, de apenas nueve recomendaciones; en 2017 subió a 13 y en 2018, se emitieron 16, doce contra ayuntamientos y cuatro contra autoridades estatales.

Desde 2013 no se había emitido una sola contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), hasta que en este 2018 se volvió a recomendar a esta dependencia por violar derechos humanos.

Apenas el 0.1 por ciento o una de cada 705 solicitudes de intervención a la CDH, llega a convertirse en una recomendación a autoridades.

Y eso es apenas unos cuántos números de una administración para el olvido.