La diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual exhorta a los Ayuntamientos de San Andrés Cholula y Puebla a que presenten su documentación de planos, mapas y mojoneras para definir la situación que aqueja a la ciudadanía en el tema de límites territoriales, específicamente la zona de Angelópolis del río Zapatero y el río Atoyac, colonia San Miguel la Rosa, Concepción Guadalupe y San José Chapulco la Hacienda la Noria, a fin de dar certeza jurídica.
También que consideren la creación de una Comisión Especial, compuesta por integrantes de ambas municipalidades, a fin de que ejecute los estudios técnicos, históricos, administrativos y jurídicos y definir los límites territoriales.
El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
En otro punto del orden del día, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, presentó una Iniciativa para reformar la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado con la finalidad de garantizar la atención, cuidado y el desarrollo integral infantil, así como evitar la discrecionalidad en la asignación para la prestación de los servicios.
La Iniciativa de Decreto se turnó a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente.
En otro momento de la sesión, la diputada Mónica Lara Chávez presentó una Iniciativa para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de obligar a las personas a auxiliar y hacer del conocimiento de las autoridades competentes cualquier tipo de maltrato infantil, para que se tomen las medidas cautelares de protección a los infantes.
La Iniciativa de Decreto se turnó a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente.
Mediante adiciones al artículo 895 del Código Civil para el Estado de Puebla, la diputada Nancy Jiménez Morales presentó una Iniciativa de Decreto por la que propone sancionar la falsedad de declaraciones por personas, profesionistas y servidores públicos para beneficio personal o colectivo.
La sanción consiste en la consigna al Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente.
La Iniciativa de Decreto se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.