El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró este jueves que el debate sobre la interrupción legal del embarazo continuará, tras el rechazo manifestado en el Senado argentino, y apostó por distribuir anticonceptivos de larga duración para frenar los embarazos no deseados.

«El problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas realmente tengan la posibilidad de elegir», afirmó el Mandatario en declaraciones a la prensa tras mantener una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, sede del Gobierno en Buenos Aires.

Sus declaraciones llegaron después de que esta madrugada la Cámara alta frenara un proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en junio pasado para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito en el país, con el voto en contra de 38 legisladores sobre los 31 que estuvieron a favor.

Para Macri, se trata de uno de los debates que comienzan y que van a continuar porque los argentinos están madurando y entendiendo lo que es vivir en democracia, escuchando al otro.

Asimismo, para hacer frente al elevado número de abortos clandestinos, 354mil 627 al año según estimaciones del Ministerio de Salud, el presidente consideró muy importante reforzar la formación integral de los profesores de las escuelas y se incluya un capítulo sobre educación sexual.

Macri también insistió en la necesidad de distribuir métodos anticonceptivos de larga duración en el país, especialmente, en las provincias del norte y la de Buenos Aires, que son las que registran una mayor cantidad de embarazos no deseados.

La sesión parlamentaria en el Senado duró alrededor de 16 horas y causó una gran movilización feminista en las calles aledañas, en otros puntos de Argentina y en ciudades de todo el mundo.

La iniciativa impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde hace 13 años, buscaba despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

El Código Penal vigente desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que no deberá ser castigado cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.