Ante versiones que afirman que el costo de la Revocación de Mandato debe ser similar al de la Consulta Popular celebrada en 2021, el cual ascendió a 548 millones de pesos, el consejero electoral, José Roberto Ruiz, estableció que se trata de ejercicios diferentes, ya que para este segundo mecanismo de participación ciudadana no se tienen insumos que sí había para el primero.

En la Consulta Popular se acudió a visitar a las y los funcionarios que ya habían participado 55 días antes, en la Revocación se hará una nueva selección y se visitará a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos; también se debe producir nuevamente el líquido indeleble ya que el usado en 2021 pierde eficacia; además de que en la Consulta se tenía insumos de protección sanitaria que en este caso hay que comprar nuevamente para tenerlos en las casillas y tampoco se instalaron consejos locales y distritales ni representantes de partidos en las casillas y ahora sí los habrá.

“Entonces, no se quiera comparar lo que en efecto no es comparable, y no se quiera venir aquí con mucho cinismo a llamarse a sorpresa que cómo es posible que se pudo hacer un proceso de Consulta Popular con menos recursos”, enfatizó Ruiz.

Al tomar la palabra, el consejero Uuc-kib Espadas lamentó que los fallos del Poder Judicial que hoy permiten modificaciones a los criterios del ejercicio, no definan una forma de eliminar el estrangulamiento presupuestal como un instrumento de control, ya que hoy se vio amenazada la autonomía, pero mañana puede ser la libertad de municipios o la soberanía de los estados.

En este sentido consideró necesario un debate profundo y sensato para articular la relación entre poderes y la forma para dar autenticidad a los procesos; por lo que cuestionó que se hable de una reforma para echar atrás los grandes avances de integridad electoral y en garantías de que el voto sea plenamente respetado.

El consejero Ciro Murayama lamentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya negado recursos al INE cuando puede realizar adecuaciones presupuestales como lo han hecho para modificar el destino de los recursos del propio Poder Ejecutivo.

“Este gobierno hace adecuaciones y después dice que no tiene base legal para ello. Lamento que el gobierno mienta y que lo haga con flagrancia, así, escudándose en falsedades, el gobierno niega recursos al INE para acorralarlo y minar sus capacidades como órgano garante del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”.

En su oportunidad, la consejera Norma De la Cruz respaldó el proyecto que, afirmó, habrá de garantizar que la ciudadanía pueda participar en este ejercicio histórico de Revocación de Mandato para el titular del Ejecutivo Federal, al haberse agotado las vías legales para lograr un presupuesto que permitirá la instalación de un mayor número de casillas.

Agregó que estos lineamientos permiten instalar mesas receptoras con la misma calidad de siempre, por lo que la ciudadanía podrá hacer uso de este mecanismo de vanguardia y celebró los esfuerzos de sus compañeros para lograr los ajustes presupuestales necesarios.

Pendiente pronunciamiento de fondo de la SCJN

La consejera Claudia Zavala aseguró que si bien se definió oportunamente por parte de los tribunales el modelo operativo para llevar a cabo la Revocación de Mandato, ante la falta de recursos aún queda pendiente un pronunciamiento de fondo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el análisis constitucional.

Ante ello, Zavala confió en que por el bien de la democracia mexicana el precedente que hoy se adopta por el que los derechos se ejercen no conforme a lo que la ley dicta, sino por los recursos disponibles, no defina la forma en que las y los mexicanos ejerzan sus derechos político-electorales.

Fotos: INE