“Donald Trump está literalmente deportando a niños con cáncer”, dijo el senador federal Ed Markey en alusión a una muy reciente y ominosa decisión del gobierno federal en materia de inmigración: eliminar un esquema que protegía de la deportación a migrantes que necesitan de cuidado médico en Estados Unidos para atender enfermedades graves.

La hostilidad del gobierno federal hacia los migrantes es punzante y, en varios sentidos, creciente. Rudos antecedentes son el afán de recluir a familias migrantes con hijos menores de edad por tiempo indefinido en centros de detención, la patente insuficiencia e inhumanidad de las condiciones de retención, y el hacerlas esperar en México en situaciones de precariedad a que se diluciden sus casos, lo que puede durar meses o años.

Ahora, la administración de Trump eliminó un esquema que protegía de la deportación a inmigrantes que padecen enfermedades graves y que requieren permanecer en el país con sus familias para recibir atención. La medida, además, de acuerdo a la revista Rolling Stone, se tomó de modo sigiloso, sin anuncios públicos al respecto. Los que solicitaban esa protección se enteraron por carta que tenían 33 días para salir voluntariamente del país o enfrentar riesgos de deportación. Algunos ejemplos de esas cartas han sido dadas a conocer.

Una realidad cruel que golpea a personas severamente enfermas, entre ellas muchos menores de edad con cáncer u otras enfermedades graves, para quienes dejar el país implicaría severos riesgos de empeorar, incluso de fallecer.

Cada año el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recibe unas 1,000 peticiones de personas para acogerse al programa de protección (acción diferida) contra la deportación por razones médicas graves, y muchos de los que lo solicitan o lo han solicitado son pacientes con cáncer, sida, leucemia, parálisis cerebral, distrofia muscular o epilepsia, entre otros males.

La hondureña Marisela Sánchez, por ejemplo, había solicitado ese beneficio para su hijo Jonathan, de 16 años, que padece fibrosis quística. Ella dijo a la agencia AP que la decisión del gobierno federal de cancelar ese esquema equivale a una sentencia de muerte para su hijo.

“Él estaría muerto”, dijo Sánchez, si su hijo y su familia se hubiesen quedado en honduras. Ella ya perdió años atrás una hija por esa misma enfermedad al no haber recibido en su país de origen la atención médica adecuada. Ahora, tener que volver es para su familia una amenaza devastadora: “yo tengo ataques de pánico todos los días”, dijo Sánchez a la AP.

Como ella, muchas otras familias indocumentadas o en situación migratoria inestable que tienen fuertes necesidades médicas enfrentan un futuro desolador.

Muchas optarán, posiblemente, con quedarse en el país en condición de ilegalidad migratoria, con todos los problemas que ello acarrea, pues la noción de salir del país y dejar los tratamientos médicos resulta una opción aún más sombría.

“Si ellos rechazan el programa, entonces yo tendré que volver a mi país [Honduras] y probablemente moriré allí. No hay allí tratamiento para la fibrosis quística”, sollozó Jonathan Sánchez en entrevista a la radiodifusora WBUR. “Los doctores [en Honduras] ni siquiera saben qué es la enfermedad. Los únicos que pueden ayudarme están en Estados Unidos”, añadió.

Es un ejemplo de la crueldad que las políticas de inmigración del gobierno de Trump ha desatado, actitud que ha sido severamente criticada por inhumana y con tonos xenófobos y racistas. Máxime cuando el citado programa no era un esquema masivo sino un programa especial que favorecía a solo unas miles de personas en extrema necesidad.

“Este es un ataque injusto inhumano contra niños y familias… Estas familias están todas aquí recibiendo el tratamiento que no existe en sus países de origen y nuestro gobierno les ha extendido una sentencia de muerte”, dijo a la WBUR Anthony Marino, director de servicios legales del Centro Irlandés Internacional de Inmigración, una organización defensora de los inmigrantes ubicada en el área de Boston

Así, parece claro que el gobierno federal seguirá restringiendo o dificultando al máximo la llegada o estancia de migrantes y catalizará también la presión sobre los indocumentados ya en el país, como ha sucedido con redadas recientes.

Incluso los inmigrantes legales también enfrentan mayores presiones, por ejemplo la definición de “carga pública” que haría inelegibles para la residencia permanente o para la asignación de visas a los inmigrantes que hayan recibido apoyo de ciertos programas sociales, como ayuda alimentaria, de salud o de vivienda.

Y qué decir del afán de no conceder automáticamente la ciudadanía a hijos de estadounidenses nacidos en el extranjero, norma ya anunciada, o la posibilidad, deslizada por el mismo Trump aunque presumiblemente inconstitucional, de negarles la nacionalidad a hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense.

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