La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) afirmó que “los recientes fallos de las autoridades jurisdiccionales de nuestro país con respecto a la construcción del Tren Maya, que favorecen a comunidades indígenas, confirman que la obra se construye con diversas irregularidades y que dañará el medio ambiente, así como el entorno en donde viven cientos de personas a las cuales la construcción de esta obra está violando sus derechos”.
A través de un comunicado, sostuvo que “desde que se dio a conocer la construcción diversos especialistas, organizaciones sociales y ambientalistas señalaron que generaría un grave daño ambiental, social y cultural en la zona donde se proyectaba”.
También, dijo, “se advirtió que afectaría a diversas comunidades indígenas que viven en este espacio, sin embargo, la necedad presidencial se impuso e inició la obra pese a todas las advertencias e irregularidades jurídicas que presentaba como el no contar en ese momento con una Manifestación de Impacto Ambiental”.
“A esta serie de fallas habría que sumar la supuesta consulta que se hizo a las comunidades indígenas de la zona, llena de irregularidades y cuestionamientos y con la cual se trató de legitimar esta obra tan discutible, consulta que fue precisamente lo que motivó a organizaciones civiles y comunidades indígenas a organizarse y promover los amparos que hoy han llevado a la suspensión provisional en tres municipios en Yucatán”, recordó la legisladora por el Estado de México.
“Es una pena que desde el gobierno se intenten deslegitimar estas acciones de defensa que han emprendido los grupos y comunidades diciendo que actúan bajo intereses políticos y que amenacen que la obra continuará a como dé lugar y que con esto sólo se están afectando los supuestos beneficios que traerá la obra, los cuales dependen de qué lado los veamos”, afirmó.
“Si estamos del lado de las grandes empresas que han invertido, por supuesto que habrá un beneficio mayúsculo; pero sí pensamos por ejemplo en los empleos que se generarán para los habitantes de la zona lo cierto es que muchos de ellos serán empleos precarios, es decir, no brindarán salarios justos ni prestaciones de ley”, advirtió.
Se debe entender, concluyó, “que por encima de los intereses económicos están los derechos de las personas, incluyendo su derecho a un medio ambiente sano y que estos derechos no se deben vulnerar por el gobierno en turno, al contrario, este debería ser el primero en defender y garantizar estos derechos. Estaremos atentos a la resolución de las autoridades para conocer si se otorga o no una suspensión definitiva a la obra en beneficio de las comunidades de Yucatán”.