Al presentar el Informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 a 2022, el Consejero Jaime Rivera Velázquez mencionó los casos en los que el INE, a través de sus órganos competentes, ha hecho solicitudes de información a autoridades encargadas de investigar posibles delitos en la materia y se ha encontrado con negativas, reticencias o ausencia de respuesta.

Precisó los casos de Odebrecht; David León Romero y Pío López Obrador; así como uno del PRI en el proceso electoral 2016-2017 “en donde el INE reiteradamente ha solicitado información sobre las investigaciones ministeriales al respecto y se le ha negado aduciendo el secreto ministerial”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización recordó que recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió que el secreto ministerial no es oponible a la autoridad fiscalizadora del INE y declaró fundados los incumplimientos de sentencia al demostrar que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República “no ha entregado la información solicitada por el INE y ordenó a este organismo cumplir con la sentencia principal a la brevedad”.

Por ello, llamó a las autoridades involucradas a que “cumplan con la sentencias del Tribunal y contribuyan al esclarecimiento de estos hechos y con todos los elementos y conforme a derecho, se pueda determinar si hay los ilícitos que se presumen en las quejas, sancionarlos o en su caso, cerrarlos”.

Finalmente, el Consejo General resolvió 14 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales y dio por recibidos: el Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE y el Informe Reflexiones y recomendaciones sobre la implementación de la medida 3 de 3 contra la violencia. Proceso Electoral 2020-2021.

Para concluir, la Consejera Carla Humphrey señaló que el INE como el único ente fiscalizador de los procesos electorales, debe contar con información necesaria para que pueda llevar a cabo sus funciones y rendir cuentas a la ciudadanía sobre el origen y destino de los recursos que los sujetos obligados utilizan. Hizo un exhorto a las autoridades implicadas para que no se obstaculice la sustanciación de los procedimientos y proporcionen la información requerida de manera oportuna, para que este Instituto continúe con las investigaciones de diversos casos y puedan sancionarse de forma correcta y en menor tiempo.