La diputada Macarena Chávez Flores (PRD) informó que promueve un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a sus homólogas en los estados, a terminar con las irregularidades y abusos cometidos por operadores de grúas respondientes de accidentes y percances en las vías federales de comunicación.

En un comunicado, señaló que “las y los usuarios de las vías de comunicación sufren abusos recurrentes por operadores de grúas y autoridades, con las que aparentemente hay acuerdos, para extorsionar con total impunidad, sin contar los riesgos a los que se someten por la inseguridad”.

Dejó en claro que esta corrupción afecta en general a todos los consumidores finales de los diversos productos, materias primas, equipo y maquinaria, ya que “este cáncer de abusos eleva los costos del transporte debido a que los operadores de esas unidades son coaccionados a aceptar servicios de grúas que rondan, en ocasiones, por encima de los 100 mil pesos, sumándose a los ‘moches’ que elementos de corporaciones estatales y federales exigen a los trabajadores del volante».

“Todos los gastos antes mencionados terminan por repercutir en los costos de las mercancías o en una disminución en las utilidades para empresarios, además de una reducción en la calidad de los servicios y un aumento en los tiempos de entrega, lo cual nos lleva a que, ‘el pagano final’ sean el consumidor y la economía en general”.

Chávez Flores sostuvo que los operadores de vehículos de carga y unidades de uso personal y familiar acusan un contubernio entre elementos de seguridad federal, policías estatales y hasta elementos de la Guardia Nacional, con empresas de grúas, para llevar a cabo cobros excesivos por maniobras de salvamento, enganche y arrastre.

Mencionó que “a pesar de que a nivel federal existe un tabulador de grúas como parte de los servicios que regula la SICT, en realidad el servicio de grúas, arrastre y maniobras de varios tipos, además de los abusos en patios de corralones, son campo para la corrupción, el abuso y la impunidad.

“A pesar de que varias de estas empresas de grúas presentan características y comportamientos propios de una mafia, continúan operando y se jactan de tener relaciones de poder con funcionarios y personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), funcionan a través de oficinas fantasma en diversos municipios en varios estados del país”, resaltó.

Finalmente, dijo que esta situación se ha convertido, en palabras de las y los propios operadores, en una psicosis, por lo que las y los legisladores, como representantes de los intereses de la ciudadanía, “están obligados a actuar ante las instancias pertinentes porque, al final del día, todas y todos, estamos siendo presa de este tipo de contubernios y corrupción”.

Foto: Cámara de Diputados