En los últimos días, el Congreso del Estado de Puebla aceleró los trámites para la desaparición del Ayuntamiento de Tehuacán. Esto significa destituir a quienes integran el Cabildo del Municipio para integrar un Consejo Municipal que asuma funciones y continúe con los deberes gubernamentales. Como puede notarse, esta decisión es compleja y, por lo tanto, extraordinaria. Se trata de una facultad que tenemos las diputadas y los diputados que debe ejercerse con la mayor responsabilidad y en pleno respeto de los valores constitucionales.

​En el debate que sostuvimos en el Pleno durante el 21 de septiembre de 2020, argumenté que mi voto no podría acompañar al de la mayoría por una razón fundamental: el Congreso no contaba con las condiciones jurídicas para aprobar el Dictamen que busca desaparecer al Ayuntamiento de Tehuacán. ¿Qué sostiene esta afirmación? En principio, que el Ministro Javier Laynez Potizek concedió una suspensión para que el Poder Legislativo de Puebla no ejecutara resolución alguna en la materia. Esto nos lleva a un segundo argumento: más allá del planteamiento de plazos, aprobar el Dictamen significaba tomar una decisión sin considerar la sentencia que llegue a emitir el Máximo Tribunal, que podría darle la razón al Municipio e invalidar todo el procedimiento realizado en el Congreso.

​Sé que en Tehuacán existen condiciones que requieren soluciones urgentes: de eso no hay duda. Sin embargo, cualquier democracia constitucional debe generar dinámicas armónicas entre la mayoría político-institucional y los órganos de control constitucional. Todas y todos coincidimos en que la ciudadanía de Tehuacán merece un gobierno de primera, como el resto de la población poblana; no obstante, los procedimientos y formalidades garantizan la racionalidad del poder, por lo que su cumplimiento necesita considerarse un deber ético.

​Es por esto que creo que la toma de decisiones debe promover el bienestar de Puebla con principios y valores sólidos. La política tiene que estar en plena sintonía con las causas ciudadanas, que nos llaman a ser respetuosos de la Ley y de nuestras convicciones. Los proyectos que impulsemos deben ir más allá de coyunturas: se trata de anclas ideológicas que nos mantienen firme en los puertos correctos.

​En todo momento, seguiré defendiendo la autonomía municipal, el respeto a la legalidad de la totalidad de quienes integran el servicio público, así como la apertura parlamentaria. Sólo en esas condiciones podremos fortalecer nuestra democracia en lo local y poner ejemplo en lo nacional.