En la propuesta del presidente, el problema no está en quién elige a los consejeros electorales, el problema está, en quien propone a los que se van a elegir. Y ese no es otro que el presidente.

Es decir, habría 60 propuestas del presidente, de entre las que serían electos 7.

Eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, es abrirles la puerta a los recursos económicos de la delincuencia organizada para incidir en la postulación de candidatos y por supuesto, en el resultado electoral.

Por otra parte, en un gobierno como el actual, que critica el espionaje pero que espía a sus opositores; que amenaza a los empresarios para que paguen más impuestos a partir de la presencia constante de auditorías por parte del SAT o de hacer pública la información de quienes son los deudores, abre la posibilidad de que aquellos empresarios y comerciantes que apoyen a los partidos políticos de oposición sean, perseguidos por el gobierno a través del SAT o de la UIF.

El discurso de la eliminación de los diputados plurinominales vende mucho y es atractivo para la mayoría de los ciudadanos que no saben realmente que hace un diputado federal, pero es más falso que nada.

Lo que realmente está proponiendo el presidente, es la eliminación de los diputados de mayoría relativa, es decir, la eliminación de las candidaturas en los 300 distritos electorales uninominales, para hacer listas por estados.

Para más claridad, que todas y todos los diputados federales sean de representación proporcional o plurinominales.

Desde mi punto de vista y de muchos estudiosos más del derecho electoral y la política, no es el momento de hacer una reforma electoral porque no es necesaria.

Lo que sí es indispensable, es que se cumpla la ley por parte de candidatos y partidos, pero, sobre todo, por los gobernantes y el resto de los servidores públicos.

Al saber con certeza que la iniciativa de reforma constitucional no pasará por no alcanzar las dos terceras partes de los votos, presentarán mediante un albazo legislativo, modificaciones a las leyes secundarias para debilitar al INE, a los OPLES y a los tribunales electorales locales.

Lo que no deben hacer en leyes secundarias, entre otras cosas, es modificar el método de selección de los consejeros electorales; eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos o eliminar las candidaturas de mayoría relativa sin violar la constitución general de la república.

Lo han hecho en varias ocasiones, pero la suprema corte de justicia de la nación se ha pronunciado por la inconstitucionalidad, por ejemplo, del decreto interpretativo sobre propaganda gubernamental o sobre el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral.

La sociedad civil organizada ha hecho su parte, ahora nos toca a nosotros, los legisladores, estar al frente en el campo de batalla para defender al INE de este embate.

A la sociedad civil le toca acompañarnos en este proceso, para dar cuenta de quién o quiénes le respondimos a México y quienes a su enfadado líder de palacio nacional.