Durante el pasado martes 13 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que reconoce en el artículo 4 de la Constitución federal el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

De igual forma, este Decreto pretende facultar al Congreso de la Unión para que expida una ley general en materia de movilidad y seguridad vial: esto significará que toda la República Mexicana contará con una reglamentación compartida en la materia, así como que todos los congresos estatales deberán adecuar su legislación local.

​Sin lugar a duda, se trata de un asunto prioritario para Puebla, México y el Mundo. La urbanización acelerada apareja un sinfín de retos para garantizar condiciones dignas de vida: según datos de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante “ONU”), para el 2050 la población urbana se duplicará a nivel internacional.

Por su parte, el Consejo Estatal de Población informó que en Puebla se ha acelerado la transición de lo rural a lo urbano: tan sólo en el periodo 2010 – 2017, el número de ciudades pasó de 38 a 41, que reunían hasta el 2017 a 3.31 millones de personas (casi la mitad de nuestra población).

Aunado a esto, el fenómeno urbano de nuestra entidad se acompaña de una tendencia de crecimiento población que, según la Secretaría de Gobernación, alcanzará los seis millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos treinta y seis habitantes en 2020.

​¿Qué representa esta situación? Un reto mayúsculo para generar entornos urbanos capaces de responder a la demanda de movilidad con reglas, condiciones y servicios óptimos. Por eso, en sintonía con la Nueva Agenda Urbana de la ONU, el pasado 12 de marzo ingresé, con el acompañamiento de legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas, una iniciativa al Congreso del Estado para reconocer el derecho a la movilidad en nuestra Constitución y, de esta forma, generar bases para la formulación de una nueva legislación.

​Los derechos de nueva generación deben servir como puntos de consenso. El Congreso federal ha dado el primer paso, ahora las y los representantes populares en Puebla debemos garantizar ciudades habitables a todas y cada una de las familias poblanas.